Magistrados urgen crear tribunales de apelación

Miembros de sala III acudieron al congreso

• Así, Costa Rica cumpliría con sentencia de la Corte Interamericana
• La ausencia de segunda instancia es causa de 250 demandas contra país.

La creación de los tribunales que revisen integralmente las sentencias en materia penal es urgente para el país y para la administración de justicia. Así lo plantearon los cinco magistrados de la Sala Tercera ante los diputados que integran la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Este último foro es el encargado de dictaminar el proyecto de ley que propone la instauración de los llamados tribunales de apelación o de segunda instancia en materia penal. El plan fue presentado por el liberacionista Jorge Méndez. Con la apertura de los tribunales de apelación el Estado pretende cumplir con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2004 por el caso del periodista Mauricio Herrera Ulloa. “La Corte (Interamericana) dice que el derecho a recurrir debe ser ante un juez superior y distinto en grado durante el proceso; debe ser un recurso ordinario y antes de que la sentencia adquiera cosa juzgada (sentencia firme) ” , dijo el magistrado José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera. No obstante, el plan también procura detener la presentación de más demandas contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos. Según información recabada por el legislador libertario Mario Quirós, en este momento ya son 250 los reclamos que presentaron personas sentenciadas que exigen una revisión integral del fallo. “Si hay algún campo en el que una decisión no puede quedar en manos de un solo tribunal es en materia penal, pues tiene que ver con la libertad de las personas”, consideró Quirós. La Comisión es el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recibe las demandas contra los estados miembros y determina si las eleva ante la Corte Interamericana, cuya sede está en Costa Rica. Problemas. El problema actual es que la impugnación de las sentencias penales solo se puede plantear ante los tribunales de casación y la Sala Tercera. Para intentar cumplir con el mandato de la Corte se flexibilizaron los requisitos de la casación y se ampliaron sus posibilidades. Además, se previó que los mismos jueces no revisen dos veces el mismo caso. Esto lo que provocó es que los sentenciados pidan una tras otra revisión de su caso para ver si con diferentes jueces logran un fallo más favorable. Así se han presentado hasta 15 solicitudes para un solo expediente y ahora hay una Sala Tercera suplente casi en forma permanente, explicó el magistrado. Arroyo viajará a Washington la próxima semana para dar explicaciones ante la Comisión a nombre del país. Irene Vizcaíno ivizcaino@nacion.com En pocas palabras Jorge Méndez Diputado PLN ‘El plan no cura vicios pasados’ ¿Por qué es importante este proyecto? Permitiría al país ser congruente en su ordenamiento interno con normas de rango superior (internacionales), que exigen la necesaria existencia de una segunda instancia y de la posibilidad de que un juez de alzada conozca el fallo contra una persona. ¿Cuántos tribunales de apelación serán necesarios? De la experiencia actual sería uno por provincia, luego no sería extraño que haya uno en cada circuito judicial. ¿Qué va a pasar con las 250 demandas ante la Comisión? Yo creo que este proyecto tiene efectos para adelante. No cura vicios en los que el Estado costarricense haya incurrido en el pasado. Son condenados y se les negó el derecho a recurrir. Eso es un problema grande Es un asunto de repercusiones económicas importantes y más que eso es estar acorde en derechos fundamentales. No es posible que Costa Rica se jacte de sus instituciones jurídicas y es de los pocos países que carece de segunda instancia (en materia penal).